Bajo el lema “S.O.S. Residencias! Nuestros derechos como personas mayores no caducan con la edad” familiares de usuarios de residencias de personas mayores y pensionistas se han movilizado por las calles de Bilbao con el apoyo de agentes sociales, políticos y sindicales, saliendo desde la plaza Moyúa hasta finalizar en el Ayuntamiento de Bilbao, en donde han manifestado su más profunda preocupación por la situación que viven tanto las personas mayores más frágiles, muchas de ellas usuarias de residencias, de centros de día y de servicios de ayuda a domicilio, como sus familiares.

Denuncian que los recortes en el presupuesto, la privatización de los servicios, la falta de personal, la precariedad de las condiciones de trabajo y el abandono de las tareas de inspección por parte de las administraciones competentes han deteriorado la calidad de los servicios. Explican que la crisis sanitaria del Covidl9 está dejando al descubierto estas deficiencias, que han convertido las residencias en centros de aislamiento, donde se vulneran los derechos de las personas usuarias y trabajadoras. “El cierre de las residencias ha supuesto un verdadero maltrato institucional para nuestros mayores”, se quejan.

Para familiares y pensionistas es inaceptable que en esta segunda fase de la pandemia se sigan produciendo tantos contagios y fallecimientos. Denuncian que los protocolos o no se cumplen o no son suficientes. Así como que las personas trabajadoras y usuarias siguen careciendo, en muchas ocasiones, de las medidas de prevención necesarias. Insisten en que no se está realizando una adecuada gestión de espacios que proteja la salud de las personas y además no se está garantizando una atención de calidad personal y colectiva suficiente.

“Los afanes privatizadores y economicistas de las distintas administraciones han derivado en un modelo de negocio y lucro, basado en criterios mercantiles, que busca la rentabilidad económica”.

Señalan al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, por desatender sus obligaciones, no realizar los controles sanitarios desde los centros de salud de barrios y localidades. Lo que a su juicio permite que las residencias den una asistencia sanitaria privada, “a todas luces precaria”. Lo que supone un grave deterioro de la salud de los residentes.

En materia legal, denuncian también que ni se cumple la legislación vigente ni se ha cumplido con el Plan Estratégico 2017-2020, aprobado por el Gobierno Vasco junto con las tres diputaciones y EUDEL. Aseguran que se han limitado al nombramiento de diferentes cargos, sin aportar nuevos recursos económicos y humanos de atención directa.

Desde familiares de usuarios de residencias y pensionistas exigen la obligatoriedad de unidades socio-geriátricas y socio-sanitarias en los centros residenciales. Solicitan un modelo de calidad con criterios claros de proceso y resultado, así como planes de atención individualizados, que sean de obligado cumplimiento, y que no se limiten a meras recomendaciones. Demandan el reconocimiento del trabajo de cuidado en domicilios, en gran medida realizado por mujeres inmigrantes, sometidas a unas condiciones de trabajo inaceptables.

Todo ello lo están exigiendo en decenas de movilizaciones, y aún así siguen sin recibir una respuesta por parte de las Diputaciones Forales y el Gobierno de la CAV: “ni una sola explicación de por qué pasa esto en las residencias, por qué las personas mayores y quienes las atienden tienen que sufrir las consecuencias de su falta de previsión y mala gestión”. No comprenden cómo tras 700 fallecimientos a causa del COVID-19, ninguna de esas instituciones haya hecho una reflexión autocrítica de su actuación; al contrario, se felicitan de haber hecho bien las cosas.

Familiares, asociaciones de usuarios y pensionistas quieren participar en la evaluación de las medidas y protocolos que se adoptan para hacer frente a la pandemia, así como en la gestión de las visitas y salidas. Exigen a las administraciones que, a través del diálogo y la participación de los agentes sociales, se cambie el actual modelo de atención a la dependencia, impulsando una red pública de servicios socio-sanitarios de carácter universal, cercano y con una atención digna y de calidad, y llevando un control estricto del conjunto del sistema.

La movilización ha concluido con unas palabras de recuerdo a las numerosas personas que han fallecido por el Covid-19 o a causa de la soledad y la pena en las residencias, así como a sus allegados, por el sufrimiento añadido a las circunstancias en que se han dado estos decesos.

La petición de cuidados «dignos» para los mayores recorre las calles de Hego Euskal Herria

Numerosas personas han vuelto a salir a la calle en Hego Euskal Herria para reivindicar una mejora de las pensiones y unos cuidados «dignos» para las personas mayores en residencias o en situación de dependencia en sus domicilios.

GARA, 31 de octubre del 2020

Imagen de la manifestación celebrada en Iruñea a convocatoria de Zainduz. (Idoia ZABALETA/FOKU)
Imagen de la manifestación celebrada en Iruñea a convocatoria de Zainduz. (Idoia ZABALETA/FOKU)

En Bilbo, la marcha, organizada bajo el lema ‘Prioridad a los cuidados, públicos y dignos’, ha partido al mediodía de la céntrica plaza Moyua en dirección al Ayuntamiento de la ciudad. Los asistentes han marchado guardando la distancia de seguridad entre ellos.

El representante del movimiento de pensionistas de Bizkaia, Jon Fano, ha explicado que con la movilización se pretende poner el acento «en lo que tiene que ver con la atención debida a todas las personas y en especial a aquellas que se encuentran en residencias» o «en casa en condiciones de necesidad de atención».

Fano ha reiterado la intención del colectivo de continuar con sus movilizaciones a pesar de la situación generada por la pandemia de covid-19.

«A pesar de las limitaciones, con todas las medidas sanitarias y con la invitación permanente a todo el mundo para que las observe, vamos a seguir saliendo a la calle siempre que nos dejen para expresar nuestras reivindicaciones», ha dicho.

Según ha indicado, «el único modo» de que los partidos y los distintos gobiernos hagan caso a sus demandas es continuar «con la protesta y la movilización social».

El representante del movimiento de pensionistas ha considerado «preocupantes» las recomendaciones para la reforma de las pensiones de la Comisión del Pacto de Toledo ya que son «genéricas, ambiguas y no recogen de modo preciso las reivindicaciones» de los pensionistas, salvo la revalorización de las pensiones con el IPC.

Fano ha vuelto a emplazar a los partidos «que se dicen de izquierda y progresistas» y a los sindicatos a que trabajen para materializar las reivindicaciones del colectivo.

Entre otras, las demandas del movimiento son el incremento de la pensión mínima a 1080 euros, la derogación de la reforma de pensiones de 2011, del factor de sostenibilidad y de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados, o la eliminación de la brecha de género en salarios y pensiones.

En respuesta al llamamiento de asociaciones de pensionistas y de familiares de usuarios de residencias de ancianos, medio centenar de personas se ha concentrado también en Donostia, en la Plaza de Gipuzkoa, ante el palacio foral.

Los congregados, entre los que se encontraban varias junteras de Elkarrekin Podemos, una edil donostiarra de EH Bildu, y miembros de los sindicatos ELA y LAB, se han dispuesto, guardando las distancias de seguridad, ante la sede de la Diputación de Gipuzkoa, donde han desplegado dos pancartas, una de ellas con el eslogan de la convocatoria, y otra con la frase: ‘Diputación solución’.

Inicialmente, los participantes, que han permanecido en silencio durante toda la convocatoria, tenían previsto llevar a cabo una manifestación por las calles céntricas de la ciudad, si bien posteriormente han decidido realizar una concentración por motivos de seguridad ante la pandemia.

En Iruñea, a convocatoria de Zainduz

Por su parte, la asociación Zainduz, recientemente constituida, se ha manifestado en Iruñea para alertar sobre la situación que se vive en las residencias de mayores y reclamar otro modelo que permita una atención «pública y digna».

Los manifestantes se han concentrado frente a la puerta principal de la Casa de Misericordia, donde han brindado un aplauso a sus residentes, «por los que hoy estamos aquí» y a los que «queremos vivos y cuidados», ha dicho un miembro de Zainduz mientras algunas personas mayores han salido hasta la puerta principal con carteles reivindicativos para apoyar la movilización.

«Derecho a visitas, movilidad y seguridad», «los centros de mayores necesitan cuidadores» o «la solución: más inversión» eran algunos de los exhibidos también por los manifestantes y a los que se ha acompañado coreando lemas como «más cuidadores para los centros de mayores», «residencias publicas y dignas», «con la dependencia más decencia» o «el dinero del TAV para las residencias».

Como portavoz de Zainduz, Mikel Auza ha afirmado en declaraciones a los periodistas que el covid ha provocado «una grave situación» con «más de 500 personas fallecidas en las residencias de Navarra» en la primera ola de la pandemia a pesar del confinamiento, y en esta segunda ola con «las mismas» restricciones no se evitan tampoco los contagios.

El modelo actual de residencia «está obsoleto», ha afirmado, y asegurado que «no cubre las necesidades» de las personas mayores, algo que el próximo miércoles trasladarán al departamento de Derechos Sociales que les ha covocado a una reunión online.

Y es que, según Auza, con un modelo diferente «la situación de covid también habría sido diferente», y al respecto ha subrayado que «no se puede dejar aislados a nuestros mayores» porque eso les causa problemas piscológicos y físicos, y «están perdiendo movilidad y afectividad».

«Que en sus últimos momentos o años de vida estén así, es una especie de cárcel», ha aseverado, y defendido la necesidad de tomar medidas ante el avance de virus que no conllevan el aislamiento.

Zainduz denuncia además que con el actual modelo residencial, con presencia de la iniciativa privada, las personas mayores «son mera mercancía económica cuando se merecen otra cosa», de ahí que pretenda pedir al Gobierno de Nafarroa una interlocución entre administración, trabajadores de residencias y familiares de residentes para, entre las tres partes, definir ese nuevo modelo.