PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN RESIDENCIAS

BABESTU BIZKAIA / ARABA

PROPUESTA

Las asociaciones de familiares de dependientes BABESTU de Araba y Bizkaia solicitan de las instituciones públicas de la CAPV la intervención de aquellas residencias de mayores en la que la incidencia de positivos para COVID sea mayor de un 30%.

1.    JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

1.1 La situación actual de pandemia del COVID 19 genera una alta mortalidad en los mayores de 70 años infectados por coronavirus. Las especiales circunstancias de las residencias para la tercera edad, que atienden a ancianos pluripatológicos y polimedicados con alto nivel de dependencia, las ha convertido en lugares de altísimo riesgo que solo puede ser evitado mediante unas exquisitas medidas de prevención y con una adecuada dotación para residentes y trabajadores.

1.2 Queda evidenciada la necesidad de prevención activa muy estricta para prevenir la transmisión de la enfermedad. En información aportada por el Ministerio de Sanidad (1) se menciona que en residencias donde no se hizo prevención la tasa de infectados llegó a ser del 84,6% en residentes y de 29,4% en trabajadores, con una mortalidad del 33,7% en residentes y del 6,2% en visitantes.

1.3 El control de la actual pandemia requerirá el logro de un bajo nivel de contagiosidad y una elevada tasa de inmunidad en la población general. Mientras tanto, si no se actúa adecuadamente en las residencias con elevado número de contagiados se corre el riesgo de que estas instituciones se conviertan en un nicho de cronicidad que pongan en riesgo la adecuada gestión de la epidemia.

1.4 El necesario incremento en la prevención de transmisión conlleva situaciones que requieren una atención más personalizada para los dependientes que viven en residencias, lo que supone más minutos de atención directa durante el día y el incremento de la atención nocturna. Además, la restricción de las visitas conllevará necesariamente una gran sensación de soledad que habrá de ser paliada al menos parcialmente por la atención emocional que solo puede ser ofrecida por el personal residencial. Consideramos además que ante la prohibición de las visitas a los residentes y acompañamiento en sus últimos momentos o días, se debiera permitir la visita controlada y protegida de uno de los familiares, a quien se debiera dotar de un EPI de protección.

1.5 La ley de Dependencia 39/2006 establece como uno de sus principios la colaboración público-privada. Sostenemos que ese principio ha sido vulnerado, que se ha utilizado deliberadamente para derivar la casi totalidad de la responsabilidad de los cuidados de la dependencia a la iniciativa privada. Creemos que ha sido una decisión política la que ha llevado a la actual situación de privatización activa de los cuidados, y tenemos la convicción de que, en el momento actual, la iniciativa privada en muchos casos no ha sabido dar una respuesta ágil que anteponga con las necesarias inversiones la que debiera ser su prioridad absoluta, el cuidado de los mayores, al balance de gestión.

1.6 Consecuencia de lo anterior es la reflexión que comienza a hacerse en los medios y en las instituciones. A ese respecto, la declaración efectuada en la prensa el 26 de diciembre de 2019 señala que “el Gobierno vasco no quiere lucro empresarial en los centros que ofrecen servicios sociales”. Creemos que la actual es una situación de crisis en la que el sistema público puede demostrar su efectividad cuidando de los más vulnerables con respuestas ágiles a las necesidades que no serán lastradas por otros intereses.

1.7 Reforzando el punto anterior se ha de tomar en consideración la reciente declaración del Ararteko en el sentido de que “debemos repensar el modelo de residencias porque en algunas el lucro es importante” y que “la falta de medios en centros de mayores privados ha sido un obstáculo para actuar con eficacia” (2).

1.8 No hemos de olvidar que, consecuencia de la privatización y de la falta de control institucional, el conflicto laboral en residencias es un grave síntoma de que el sistema actual no funciona y que es generador de malestar en trabajadores y residentes.

1.9 Finalmente queremos enfatizar que el modelo de atención de la dependencia en el que creemos es un modelo Público, Universal, Suficiente, con Prestación Directa de Servicios, generador de Empleo Público, Gratuito y Equitativo en el género y en la distribución interterritorial. Creemos que este modelo es posible y que hay recursos para ello, que nuestra sociedad es suficientemente rica como para permitirse cuidar adecuadamente de quienes han contribuido a lo largo de su vida a generar la riqueza de la que actualmente disfrutamos.

2.    CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA ATENCIÓN RESIDENCIAL

Podemos considerar la atención residencias en tres dimensiones diferentes

·         Atención “hotelera”: la que aporta servicios en áreas como alimentación, limpieza, lavandería, recepción, mantenimiento…

·         Atención “social”: la derivada del apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, de atención psicológica y de rehabilitación, y de actividades sociales, de colaboración y de esparcimiento.

·         Atención sanitaria: específicamente médica y de enfermería.

Consideramos que la “Atención Social” debiera estar gestionada desde la Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con prestación directa de servicios, asumiendo la

actividad profesional de esta dimensión de la atención con sus propios criterios y objetivos de atención.

Consideramos que la “Atención Sanitaria” debiera ser asumida por Osakidetza en las mismas condiciones que las planteadas en el apartado anterior. Queremos reseñar en este punto que el sistema público de salud debiera hacerse cargo de forma indefinida de la atención sanitaria del total de las residencias de la CAPV.

Consideramos que la “Atención Hotelera” puede seguir siendo gestionada por las empresas privadas que actualmente gestionan las residencias a su cargo.

3.    CONSIDERACIONES ECONÓMICAS.

a)  La Atención Directa es la derivada de los cuidados socio-sanitarios que precisan los mayores institucionalizados. Su coste ha sido estimado en el 46,4% del gasto total de la atención residencial (3).

b)  En Bizkaia, el coste de la concertación se anunció en 2017 que para 2020 sería de 96,5 €/día por residente (4); lo que supone una aportación de dinero público a las residencias privadas acogidas a la concertación de 2.895 €/mes, 34.740 €/ residente y año.

c)    Del dato anterior podríamos deducir que el 46,4% debiera estar destinado a Atención directa; es decir en torno a 16.100 euros/ residente y año.

d)    Sin embargo, si una residencia privada se limita a cumplir las ratios aprobadas por el Gobierno Vasco en 2019 en el Decreto 126/2019 (5) el coste de la atención directa rondaría los 9.400 euros/residente y año si calculáramos el gasto real de la atención directa aplicando las condiciones del Convenio Sectorial de Bizkaia para residencias de la tercera edad.

e)  Si, por el contrario, intervinieran las instituciones y tomaran a su cargo la Atención Directa, dejando la gestión de la atención “hotelera” a las empresas privadas que lo gestionan actualmente, podrían incrementar la atención directa hasta a 129 minutos al día con un coste cercano a 15.000 €/ residente y año (en torno a un 43% del precio de la concertación). Este coste sería:

·         A precios de convenio de Bizkaia + 10%.

·         Con IPC actualizado para 2020.

·         Con ratios y salarios de médicos y enfermeras equivalentes a los de los servicios forales. Ver datos de costes del estudio “Modelo de atención Sanitaria y su financiación en centros residenciales…” (6)

·         Con una ratio de gerocultor/a de 0,41 (el decreto 126/2019 contempla una ratio de 0,295)

·         Con una ratio de enfermería de 0,040 (el decreto 126/2019 contempla una ratio de 0,032)

4.    CONSIDERACIONES FINALES

Creemos que la situación actual justifica sobradamente la intervención institucional en residencias de mayores con elevada incidencia de Covid positivo entre residentes y 

trabajadores. Creemos que es posible y necesario, que sería una negligencia no hacerlo, y que la inacción de las instituciones podría repercutir muy seriamente en la salud pública y en el bienestar de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Sabemos además que sería rentable desde el punto de vista social y que sería viable económicamente a la vez que optimizaría los recursos públicos.

Somos conscientes de que la medida solicitada supondrá un gran esfuerzo organizativo, pero es labor de nuestros líderes políticos poner todo el esfuerzo que requiere afrontar los desafíos que la actual situación de pandemia plantea a nuestra sociedad.

ooOoo

Referencias Bibliográficas

(1)    Información Científica-Técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ver página 32: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm

(2)  El Correo, 24 de abril de 2020.

(3)  Estimación de los costes Residencias Lares 2017 Comunidad Valenciana. Ver página 35: file:///C:/Users/24400751M/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AY3EWQKN/en red-info19-costeslares2017.pdf

(4)  Precios de la concertación DFB 2018-2020. Precio 2020: 96,5 €/residente y día. DEIA 29 diciembre 2017: https://www.deia.eus/2017/12/29/bizkaia/la-diputacion-pagara-mas-por-cada-plaza-residencial

(5)  Decreto 126/2019 de centros residenciales para personas mayores: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004108

(6)  Modelo de atención Sanitaria y su financiación en centros residenciales de personas mayores dependientes de la CAPV: https://www.semanticscholar.org/paper/Modelo-de-atenci%C3%B3n-sanitaria-y-su-financiaci%C3%B3n-en-Vallejo-Agudo/fad3477d3afd3cf2daeb6018007a76faee550ab7