Nubarrones sobre las residencias
Xabier Monreal Pinillos
Miembro de la Asociación de
Familiares de Residentes de Bizkaia Babestu
EL CORREO, 10-1-2017
Desde el pasado 25 de
diciembre, según la Ley 12/2008 de 5 de diciembre, los servicios sociales son
para la ciudadanía vasca un derecho universal y subjetivo. Esto significa que
toda la ciudadanía tiene la potestad de exigirlos en su relación con los poderes
públicos. A pesar de ello, la administración vasca, y la Diputación Foral de
Bizkaia en particular, ha infravalorado con su habitual autocomplaciencia todo
lo que se le venía encima desde hace mucho tiempo: primero, el envejecimiento
progresivo de la sociedad vasca y su número creciente de dependientes; segundo,
el agravamiento de nuestro bienestar como resultado de la gran crisis económica
europea; tercero, su gran apuesta por un modelo estructural de residencias hegemónicamente
privado que deja ese derecho universal y subjetivo de la ciudadanía vasca al
albur de empresas cuyo objetivo capital inherente es la obtención del máximo
beneficio posible. Alguien ha olvidado que las necesidades de asistencia y
atención social solo pueden afrontarse a través de una organización que esté
basada, precisamente, en las necesidades, no en los beneficios; una
organización controlada por los ciudadanos, no por el interés de los beneficios;
porque da la oportunidad a la gente de influir solo por el hecho de que son
ciudadanos.
Sin embargo, pese a una inversión
pública significativa - y más allá de los grandes números y del marketing estupendo
que tan bien nos presentan - nuestros mayores dependientes, nuestras familias y miles de
trabajadoras del sector son víctimas indefensas de los poderes anónimos. El
gobierno foral, en su prioridad de externalizar los servicios sociales de
residencias, es responsable primera de la desatención de los derechos de sus ancianos,-as.
Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las plazas de las residencias
son asignadas por la Diputación, a través de los pliegos de concertación.
Asimismo, la administración pública competente es responsable última, ya que
está ausente en el control del modelo de gestión, oscuro e ineficaz. De hecho, el
conflicto colectivo actual en las residencias concertadas, más allá de las
condiciones precarias laborales que afecta en su mayoría a mujeres
trabajadoras, es consecuencia de una organización ineficiente y obsoleta, donde
hasta ahora la administración foral solo ha intervenido para reforzar a las
empresas afines.
Resulta muy llamativo que la
impostura de las empresas privadas y el ente foral sea la misma: un magnífico
servicio asistencial donde el único asunto problemático presenta una base
laboral. Se entiende perfectamente por parte de las empresas privadas, qué iban
a decir si no. La inmensa mayoría de las familias de los residentes de Bizkaia,
aquellas que estamos en “primera línea”, sabemos que, pese a los servicios
máximos, durante las huelgas de una negociación colectiva inexistente la
atención ha sido similar, pésima. Los ciudadanos / clientes y la Diputación han
seguido pagando lo mismo a las sociedades limitadas, con los impuestos de todos
los vizcaínos y el esfuerzo económico inmenso de las familias. Casi ni hemos
notado diferencia alguna en el servicio asistencial antes o después de las
huelgas. Las empresas, sin embargo, seguro que han aumentado sus beneficios por
el mismo servicio deficiente.
Desde allí donde se hacen
políticas sociales desde el siglo XIX y donde todavía los servicios sociales
son hegemónicamente públicos, el exprimer ministro sueco Olof Palme manifestaba
que la democracia presupone una sociedad donde sus políticas estén al alcance
de toda la ciudadanía y tengan la capacidad de ser entendidas por todos, porque en su
análisis final expresan valores e ideas comunes a todos nosotros. Es el pueblo
mismo el que configurará su futuro y la base de la solidaridad y la cooperación.
No necesitamos entregar las decisiones a los otros sin hacer nada. No
necesitamos entregar las decisiones a los expertos. Palme afirmaba que, ante
los nubarrones de la burocracia, “el guerrero es quien mejor sabe de qué pie
cojea”; es decir, en este caso las guerreras somos las familias y las
trabajadoras de base del sector, sobre todo, aquellas que estamos en mayor
contacto con nuestros mayores y quienes más sufrimos todavía las secuelas de
una gran crisis. La Diputación de Bizkaia atiende con un carácter oficinesco y
de difícil acceso, malgasta por falta de control al no supervisar de forma
continua la atención externalizada de nuestros mayores, donde los recursos
materiales son inexistentes, precarios o antediluvianos. Las trabajadoras de
base, las de “primera línea”, mujeres con unas condiciones laborales precarias,
pertenecientes al sector más frágil de nuestra sociedad, trabajan en una ratio
insuficiente ¡La mitad que en el modelo sueco actual! Quizá alguien piense que
tienen el don de la ubicuidad. Uno se pregunta si el camino a seguir es el
mismo que acaba de ser aprobado por el Ayuntamiento de Iruñea con la
remunicipalización total de los servicios de atención domiciliaria.
La paciencia y el esfuerzo
de las familias y nuestros mayores se ha acabado. Por ignorancia o miedo, hasta
ahora solo hablábamos entre nosotros; pero ha llegado el momento de reclamar
nuestros derechos de una forma organizada. Desde la Asociación de familiares de
residentes de Bizkaia Babestu estamos
registrando evidencias de nuestra cruda realidad.
Animamos a toda la ciudadanía afectada y preocupada a que canalicemos nuestras
quejas y reclamaciones formalmente. Desde la asociación estamos dispuestos a
dialogar con cualquiera y a participar allí donde nuestros testimonios tengan
cauce. Ya lo hemos hecho con partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales,
trabajadoras, empresas… La administración foral no puede mirar a otro lado ante
el panorama gris que se presenta, respondiendo que depende de unos terceros,
cuando se pisotean derechos, sea el fundamental de la huelga o el de la
atención social. No merecemos gobernantes que no sientan nada ante el dolor
ajeno.
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