El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaraba el estado de alarma para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. El Gobierno explicaba que hacía uso de este mecanismo “con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública”. "Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud de las personas", señalaba el presidente en su comparecencia ante los medios de comunicación al término del Consejo de Ministros.
Un año después las cifras son demoledoras, con más de 3,5 millones de casos y alrededor de 80.000 fallecidos, datos que todavía están por analizar y confirmar. Pero sin duda estamos ante la mayor tragedia vivida desde la infausta Guerra Civil y la postguerra, la penuria y el drama al que abrió sus ojos aquella generación desnuda que, 80 años después, ha sido golpeada de nuevo de forma cruel e inmisericorde. Precisamente, los mayores de 80 años, los que sufrieron la Guerra Civil y la dictadura, han sido los más afectados.
El número de víctimas mortales oficiales que el coronavirus ha dejado en las residencias españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- se acerca a las 30.000 personas. Se estima que otros 10.000 mayores han fallecido con síntomas compatibles. Es imprescindible que el Gobierno central y las CC.AA. hagan un esfuerzo de transparencia y faciliten datos fiables a la ciudadanía. Tomando en consideración las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, el 38% de las muertes por covid se han producido entre personas que vivían en estos centros. Un porcentaje que ha sido muy superior en algunas Comunidades Autónomas, donde incluso, por decisiones “políticas”, no se derivaban a las personas residentes a Centros hospitalarios, dejándolas morir en las residencias en condiciones indignas, sin la asistencia médica que necesitaban.
“La tragedia humana de las residencias durante la pandemia
es una cuestión que sitúa a la Unión Europea en una encrucijada.
La UE debe exigir que los Estados garanticen los derechos
de las personas mayores y dependientes”
La tragedia humana de las residencias durante la pandemia es una cuestión que sitúa a la Unión Europea en una encrucijada. La UE debe exigir que los Estados garanticen los derechos de las personas mayores residentes y dependientes. En este sentido, no podemos olvidar las manifestaciones de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, la cual criticó durante el inicio de la pandemia que las residencias privadas europeas habían vulnerado los derechos humanos. Asimismo, la responsable europea sostuvo que “los pacientes infectados fueron simplemente abandonados” en algunos Estados, entre los que citó a España. La comisaria aseguró que la situación “plantea la duda legítima” de que las personas fallecidas en centros de mayores “hayan recibido todas las atenciones necesarias, que incluye cuidados curativos y paliativos para aliviar el sufrimiento”.
Por último, no podemos olvidar que la cuestión del cuidado en las residencias ha mostrado las condiciones precarias e indignas de las trabajadoras del sector. Esta última problemática visibiliza el papel de la mujer en el sistema de cuidados. Es momento de matizar y discutir el actual marco de servicios sociales para convertirlo en un modelo más igualitario y justo.
En un Estado como España, con una de las más altas esperanzas de vida en el mundo, y con casi el 20% de la población por encima de los 65 años, la pandemia por COVID-19 ha tenido una repercusión brutal, ya que se estima que más del 70% de las muertes relacionadas con esta pandemia se han producido en este grupo de población. Más allá de las cifras de mortalidad, deben considerarse también los múltiples impactos y secuelas que, desde el punto de vista físico, psicológico y emocional, han mermado la calidad de vida de este colectivo. Unos impactos y unas secuelas que han incidido aún más en poblaciones de especial vulnerabilidad, como por ejemplo las personas con demencia. La crisis en el ámbito residencial ha dejado al descubierto un escenario dramático, con rasgos comunes en todas las residencias y que son fácilmente identificables:
a) Cambios en los perfiles de los y las residentes en los últimos años, personas con pluripatologías y mayor fragilidad, cambios que el sistema no ha atendido convenientemente e incluso ha ignorado.
b) Debilidades preexistentes del modelo de residencias (como son modelos de gobernanza y de financiación; la falta de personal, en paralelo a la precariedad de las condiciones laborales; la formacióń del personal; además de la falta de atención y/o coordinación con los servicios públicos de salud).
c) Fallos en la respuesta a la pandemia, como la carencia de Equipos de Protección Individual (EPI) y de tests para diagnosticar con la necesaria rapidez y parar la cadena de contagios, la no derivación de enfermos a centros hospitalarios y los retrasos en el apoyo a los profesionales del centro residencial o el reemplazo del personal enfermo.
d) Falta de un consenso sobre el abordaje de la crisis en residencias, desde un punto de vista ético, es decir, la sociedad también falló, como bien sabemos las personas que venimos denunciando desde hace años las prácticas indignas y las carencias que escondían estos centros, muchos de ellos revestidos de una apariencia lujosa.
“El cuidado en las residencias ha mostrado las condiciones precarias
e indignas de las trabajadoras del sector. Esta última problemática visibiliza el papel de la mujer en el sistema de cuidados.
Es momento de matizar y discutir el actual marco de servicios sociales para convertirlo en un modelo más igualitario y justo”
El inaceptable arquetipo español de modelo de residencias, o mejor dicho los variados modelos que cada operadora o marca ha desarrollado, con la ‘inestimable’ colaboración de las administraciones autonómicas, que son quienes tienen asumidas las competencias en Servicios Sociales, han tenido como denominador común la primacía de la idea de negocio y, por lo tanto, la rentabilidad de la inversión que se realizaba, y no la debida atención a las personas que habitan en las residencias.
El Estado, a través de las CC.AA. que lo integran, ha priorizado especialmente el ahorro de costes que suponía para las arcas de las mismas la no inversión en la creación de plazas públicas y ha estimulado la introducción de la empresa privada en el sector, facilitando la rentabilidad del negocio a través de tres pilares fundamentales:
a) Unas ratios de personal establecidas para garantizar el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones, pero no para asegurar la atención necesaria de las personas mayores que, por una u otra causa, se ven obligados a acudir a los servicios de una residencia.
b) Una ausencia total de control en la gestión de las residencias, cegando cualquier cauce de participación por parte de los familiares e impidiendo en muchas ocasiones la participación de los residentes; estableciendo unos servicios de inspección totalmente insuficientes para efectuar un control real de los servicios prestados.
d) Ofertando un número de plazas residenciales que está por debajo de las recomendaciones de la OMS, que cifra esta oferta en un 5% en relación a la población mayor de 65 años. En España, según el informe de Envejecimiento en Red, del CSIC, de enero de 2021, en septiembre de 2020, había un total de 384.251 plazas para una población mayor de 65 años de 9.217.464 personas. Es decir, había un déficit de plazas en el conjunto del Estado de 76.622 plazas.
Esta escasa inversión en personal, con unas ratios que garantizan la legalidad de un porcentaje de personal insuficiente; la ausencia de controles en la gestión diaria de las residencias; y una oferta de plazas inferior a la demanda existente, cierran un círculo que garantiza la rentabilidad de la inversión en las residencias, pero no la atención debida a las personas que las habitan o que hacen uso de ellas. No puede sorprender por tanto que del total de plazas residenciales ofertadas en nuestro país (384. 251), el 73,2% (281.332) estén en manos privadas, frente al 26,8% (102.919), en manos públicas; aunque en algunas CCAA la cifra supera con creces el 80%.
Por todo ello, las residencias se han convertido en prototipos del mercantilismo más extremo e inhumano y en lugares en los que se ha sistematizado la vulneración de los derechos humanos de las personas dependientes, así como la vulneración de los derechos laborales de las trabajadoras.
El ámbito residencial se caracteriza, por tanto, por ser un sector en el que se han normalizado prácticas indignas en las que, como mencionábamos anteriormente, han participado por omisión, inacción o por connivencia, muchas administraciones y servicios de inspección, dando la sensación de que las empresas operadoras, sean multinacionales en manos de fondos de inversión, empresas del IBEX-35 o gestoras filocatólicas de iniciativa social, han podido actuar con total impunidad, especialmente durante la última década. Un ámbito en el que, además, se ha abonado el terreno por el que ha campado el letal virus y que es sinónimo de un negocio escandaloso e indecente, en el que se trafica con seres humanos vulnerables e indefensos a los que en la última etapa de su vida se les ha despojado del derecho a la dignidad, un derecho humano fundamental.
“Las residencias se han convertido en prototipos del mercantilismo
más extremo e inhumano y en lugares en los que se ha sistematizado
la vulneración de los derechos humanos de las personas dependientes,
así como la violación de los derechos laborales de las trabajadoras”
Por lo tanto, las negligencias, las malas prácticas, que se observaron en las residencias desde los primeros días de la hecatombe, con 40.000 fallecimientos entre cifras oficiales más síntomas compatibles, requiere de un desagravio por parte de la sociedad y un reconocimiento por parte de las instituciones de que algo no se ha hecho bien.
Desde el primer momento las familias temimos la catástrofe que se nos venía encima, temores derivados de la falta de personal, carencia de equipos de protección, ausencia de protocolos, personal no formado ni informado, nula comunicación con las familias, irresponsabilidad en la gestión de la sectorización y aislamiento de contagiados y sintomáticos, no derivación a los hospitales, ..... en fin, abandono sistemático que ha generado la mayor catástrofe humana vivida en España después de la Guerra Civil.
“Las negligencias, las malas prácticas, que se observaron
en las residencias desde los primeros días de la hecatombe,
con 40.000 fallecimientos entre cifras oficiales
más síntomas compatibles, requiere de un desagravio
por parte de la sociedad y un reconocimiento por parte
de las instituciones de que algo no se ha hecho bien”
Si después de esto no aprendemos algo, ni encauzamos los servicios sociales, la asistencia, la protección y las prestaciones, bajo otro marco, en un nuevo modelo en el que prevalezca, ante todo, el humanismo, la dignidad, los derechos, la justicia, la profesionalidad, la calidad, y la cercanía, si no es así, este país y la democracia están seriamente enfermos.
Diversas asociaciones, colectivos y personas de todos los territorios del Estado español, que representan a familiares, y usuarios y usuarias de centros de atención a personas mayores y dependientes, muchos de ellos con años de experiencia previa en su defensa, han decidido conformar una Plataforma (‘laPlataforma’) para trabajar, desde la autonomía de cada organización y en el respeto a su singularidad, en la consecución de los cambios imprescindibles para ofrecer a las personas mayores y dependientes una vida digna y con respeto a sus derechos. ‘laPlataforma’ entiende que los servicios sociales son un derecho universal y subjetivo de las personas. No pueden ser un negocio lucrativo, por lo que las administraciones deben garantizar la atención digna y de calidad de las personas en los centros residenciales.
Finalmente, queremos mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas familias que, como muchos de nosotros, han perdido a sus seres queridos en esta tragedia y decirles que ellos, las víctimas, han sido la energía que nos ha movido durante estos atroces meses, y la que nos empuja a seguir trabajando por los que han sobrevivido.
Por ellos y por nuestro propio futuro como personas individuales y como sociedad, ‘laPlataforma’ ha elaborado un ‘Decálogo’ exhaustivo que recoge las reivindicaciones principales y prioritarias que dirigimos a todas las administraciones del Estado con competencia en la materia, así como a las instituciones europeas... ‘Decálogo’ que aportamos en documento adjunto a este ‘Manifiesto’ fundacional de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.
“Si después de esto no aprendemos algo, ni encauzamos
los servicios sociales, la asistencia, la protección y las prestaciones,
bajo otro marco, en un nuevo modelo en el que prevalezca, ante todo,
el humanismo, la dignidad, los derechos, la justicia, la profesionalidad, la calidad, y la cercanía... si no es así,
este país y la democracia están seriamente enfermos”
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