Petición de reunión y comparecencia en Turno Popular de la Comision de Empleo, Políticas Sociales y Juventud en el mes de mayo para abordar el Diagnóstico de cada Herrialde en lo referente a la Pandemia en las Residencias Públicas y Privadas así como la adecuación del Decreto de “Ratios” para las Residencias Públicas y Privadas.
ANEXO 1
ESPOSICIÓN
DE MOTIVOS
Han pasado 18 meses desde esa comparecencia y la situación
no ha cambiado en el sentido de cumplimiento de la Ley y de dotar
presupuestariamente en los tres niveles institucionales, para que esas personas
dependientes y enfermas sean atendidas.
Comparecemos de nuevo, para instarles a cumplirla en los
Presupuestos del 2019,
para explicarles cómo están las cosas en Vitoria-Gasteiz, los incumplimientos
en los tres niveles institucionales por la desidia del Gobierno Vasco, que no
cumple sus funciones de coordinación y control de las diputaciones y los
ayuntamientos.
Hoy les traemos a ustedes varias carencias detectadas por
el incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, que afectan al Precio
Público del SAD y de las Residencias,
por el incumplimiento de la reforma por ampliación de 60 plazas residenciales
en la Residencia de San Prudencio (tres años de retraso), de la no atención a casi 209 que están en lista de espera
(según la Memoria de diciembre del 2017 del IFBS) plazas de residencia
de los grados 2 y 3, de casi 1000 personas del grado 1 sin cobertura del SAD.
Pero hay más carencias que estamos detectando con los
incumplimientos de la Ley de Servicios Sociales, el gran tema es la falta de Coordinación Sociosanitaria, y les
traemos un solo ejemplo para que lo resuelvan en el ámbito del Ictus en Araba
con casi 900 casos anuales. Esta propuesta ha sido acordada por todos los
sindicatos de Hospital de Santiago y la Asociaciones Vecinales de nuestra
ciudad y registrado en Osakidetza.
Osakidetza y las Diputaciones, se lavan las manos en el
tema de la no coordinación Sociosanitaria, hablando de “Situaciones
sobrevenidas” y dejando a las
personas en el terreno de
nadie y creando un desamparo tal, que es absolutamente insoportable para las
personas afectadas y para su entorno.
En cuanto a las necesidades de personal de Osakidetza y
de las diputaciones, hacemos nuestras las peticiones de aumento de personal que
plantean la mayoría de los sindicatos de
forma mayoritaria, sin las cuales sería imposible atender en Presupuestos del
2019 lo que marca la Ley de Servicios Sociales con el derecho subjetivo y la
universalización.
También traemos aquí el tema del Geriátrico de Arana,
porque se vertieron aquí en esta comisión una serie de afirmaciones falsas que
queremos aclarar, con los documentos que por fin hemos conseguido.
Dicho acuerdo de
Reversión, dice textualmente: “ Que se ha girado visita al inmueble “Residencia
de Arana”, por la representación de la Dirección Provincial de la Tesorería de
la Seguridad Social de Alava, la Diputación Foral de Alava y representación técnica
del Instituto Foral de Bienestar Social y, previa comprobación de las
instalaciones, conformidad a los certificados aportados y, salvo los vicios
ocultos, se da por aceptado el actual estado, valorándose los desperfectos como
propios del uso al que fue destinado.”.
El sábado día 17 de noviembre, se ha celebrado una Consulta
Popular en los barrios de Arana, Aranbizkarra, Aranbide, Arantzabela, Santiago,
Casco Antiguo, Santa Lucía, Judimendi, Abetxuko, San Martín, Adurtza y San
Cristóbal, solicitando la reapertura del Geriátrico de Arana.
En
realidad, somos conscientes que muchas personas mayores, necesitarían un
servicio de residencia permanente en un Centro tipo Geriátrico y
Psicogeriátrico, con una Unidad de Día. Aparte estarían muchos enfermos crónicos, que no pueden
cubrirse con la ayuda familiar por razones económicas, de soledad o de otras
limitaciones.
Estamos retrocediendo
en la asistencia a las personas dependientes, que las estamos derivando a sus
domicilios para que las mujeres carguen con esta responsabilidad, vulnerando
sus derechos en el trabajo (que lo tienen que abandonar muchas veces), para
salvar la falta de recursos de las instituciones.
El
incumplimiento de la COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA, es una de las cuestiones más
graves, donde el tránsito
desde el sistema sanitario hacia el sistema social, produce unos espacios
temporales de meses y años, donde el enfermo/a se encuentra en terreno de nadie
y el desamparo es absoluto. Está relacionado con ello la hospitalización y el
alta hospitalaria, pero no el alta clínica, que enmascara los deficientes
procesos de rehabilitación, que se aplican en base a los recursos existentes,
recursos que no se modifican en los presupuestos de las distintas
instituciones.
En la Ley mencionada se reconocen como
universales y se pueden reclamar, la
coordinación en el ámbito sociosanitario, personas mayores con dependencia,
personas con discapacidad, personas con enfermedades somáticas crónicas y/o
invalidantes, personas convalecientes sin autonomía para el autocuidado y
personas con enfermedades terminales.
EVOLUCIÓN DE LA LEY
DE SERVICIOS SOCIALES CON DEPENDENCIA
El Acuerdo
del G.V., Diputación Araba, Diputación de Bizkaia, Diputación de Gipuzkoa,
EUDEL. (Objetivo las Personas). Firmado el 1-1-2018.
En este documento,
se hace una mención especial a los 20 años de la supuesta Coordinación
Sociosanitaria entre las instituciones, pero no tienen más remedio que
reconocer las carencias de estos 20 años.
El sistema y
la cartera (financiación) de Osakidetza y el sistema la cartera de Servicios
Sociales (Diputaciones y Ayuntamientos), no funcionan en coordinación, en
personal propio, en recursos económicos diferenciados, ni en infraestructuras
propias, y ni siquiera tiene una estructura de mandos intermedios para realizar
la gobernanza diferenciada.
¿Qué ha pasado en estos
20 años fallidos?
Según el propio Plan Estratégico 2017-2020:
Pag. 15. (DEBILIDADES): a) Falta de
referentes claros y falta de implicación.b) Ausencia de objetivos comunes. c)
Falta de comunicación. d) Recursos limitados ante las necesidades
sociosanitarias crecientes.
(AMENAZAS):
1) Estructura jurídica de CVASS poco ajustada y resolutiva para las necesidades
detectadas. 2) Financiación poco definida dentro de los presupuestos. 3) Oferta
de la cartera limitada a los RR existentes.
Por todo
ello se hace un CRONOGRAMA con una temporalidad hasta el 2020, pero mientras
tanto el 2017 se ha esfumado y se firma el 1 de enero del 2018: 1) El manual de
las Comisiones Sociosanitarias (Inicio 1/2018 fin 6/2018). 2) Catálogo
Sociosanitario. (Inicio 1/2018 fin 12/2018). 3) Aprobación del Decreto (Inicio
6/2018 fin 6/2019). 4) Modelo de Prevención Sociosanitaria. (Inicio 1/2018 fin
12/2019). 5) Marco de financiación. (Inicio 1/2018 fin 1/2020). 6) Diseño de
Cuadro de Mando. (Inicio 1/2018 fin 12/2020).
En el
artículo 46 de la Ley de Servicios Sociales del 2008, en el punto cuarto dice:
“El Gobierno Vasco delimitará, en el marco de la cartera regulada en el art.
23, aquellas prestaciones………Y teniendo en cuenta la evolución de las
necesidades mixtas y complejas susceptibles de ser atendidas en su marco, se articulará una cartera de servicios
sociosanitarios u otras fórmulas o instrumentos que garanticen la idoneidad
de la atención.
En la página
43: En la Estructuración Sociosanitaria de los Recursos se dice: 1) La decisión
de que el espacio sociosanitario no constituya un TERCER ESPACIO DIFERENCIADO
CON RECURSOS PROPIOS.
El acuerdo de Prioridades Estratégicas 2017-2020, no
responde a la realidad reflejada en los pasados 20 años fallidos, por eso es
imprescindible crear UNA CARTERA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, diferenciada de
las Carteras de Salud y Servicios Sociales actualmente vigentes.
Hemos solicitado una reunión con la Dirección de la OSI de
Araba para este mes de noviembre, para saber de primera mano el cumplimiento o
no del Cronograma aprobado por unanimidad por el Gobierno Vasco, esta
Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Las carencias de la Coordinación Sociosanitaria, son muy
importantes, con los vacíos de atención a personas con Alzeimer, Ictus,
Paraplegias, Pulmonares y Cánceres.
Por
otra parte, nos parece especialmente grave por parte de Diputación, no haber
cumplido el mandato de JJGG realizado por unanimidad en febrero del 2016, de
crear nuevas plazas para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, habiendo transcurrido
casi tres años, donde además se concretaba la ampliación de la Residencia San
Prudencio en 60 plazas más, cuestión que tampoco se ha cumplido.
Mientras
tanto la Diputación, está pagando por las Residencias de Lakua y Abetxuko
anualmente, en principio 2.550.000 € y luego sucesivamente más de 3.000.000 €,
con lo cual la suma que ya ha abonado pasa de 20.000.000 €.
Siguiendo en
la misma línea de privatización, creando listas de espera enormes y que están
prohibidas desde el 26-12-2016, se han construyendo 148 plazas de la empresa
Sanitas detrás del seminario y hay un Convenio Marco de IMQ Igurko con
Diputación Foral de Araba-Corporación Mondragón para 150 plazas destinadas a
incrementar la oferta residencial privada para personas mayores con
discapacidad física.
Todas estas
nuevas plazas son privadas, el personal será privado, aunque se diga que está
amparada por el nuevo marco legislativo que propicia la creación de
cooperativas para estos fines. Se está anunciando además que la Diputación
establecerá un convenio con la cooperativa para la concertación de la totalidad
de las plazas del complejo residencial y además pondrá a su disposición la
parcela de la calle Blas de Otero donde irá el centro.
Este enfoque
privatizador de los recursos que se están planificando en Residencias Privadas,
favorece a las clases altas y medias y perjudica claramente a la clase
trabajadora, como lo reconocen en este estudio del Plan Estratégico 2017-2020
de la atención Sociosanitaria:
Pag.
27: “De acuerdo a datos recientes obtenidos de la Base de
datos de estratificación (Osdakidetza 2015) en Euskadi se confirma la fuerte relación existente entre las patologías crónicas, nivel
socioeconómico desfavorecido y sexo: a más edad y peores condiciones
socioeconómicas, mayor patología crónica, especialmente en el caso de las mujeres (figura 16)”.
Pag.
72: “ La financiación de los servicios sanitarios y
sociales es tema continuo de debate, siendo general la tensión en unos sistemas
de atención con incrementos de demanda y limitaciones presupuestarias
crecientes. El acceso a la prestación de servicios que se financian de manera diferente (Acceso universal vs. acceso
selectivo en función de medios económicos de la persona usuaria) supone un
obstáculo añadido a la atención continua en el ámbito sociosanitario)”.
Hay otras cuestiones que debemos
abordar, por ejemplo en las Residencias Privadas y Concertadas, se está cobrando
la atención sanitaria de forma duplicada, es decir, los y las residentes serían
beneficiarios de la atención de Osakidetza, pero pagan una cantidad económica
al Centro por la atención sanitaria. (Hay una denuncia de SATSE en este
sentido). En el caso de la Diputación de Araba y con el Presupuesto del 2018,
existe un convenio de Osakidetza y Diputación con un importe de 2.028.920 €,
pero nada de esto existe en el sector privado.
Las carencias de la Coordinación Sociosanitaria, son muy importantes, con
los vacíos de atención a personas con Alzeimer, Ictus, Paraplegias, Mentales,
Pulmonares y Cánceres. Tenemos que potenciar la
Prevención-Curación-Rehabilitación, y aclarando términos como Hospitalización y
Clínica, (Alta Hospitalaria y Alta Médica).
El Parlamento
Vasco ha acordado el 18 de octubre del 2017, instar al Gabinete de Urkullu a
que refuerce los programas de prevención de las enfermedades cardiovasculares,
para que implante planes de recuperación de los pacientes con estas dolencias
y, por último programas personalizados de rehabilitación después de sufrir un
accidente cerebrovascular.
Por
otra parte y dentro del proceso participativo en el que hemos tomado parte en
el ayuntamiento de Gasteiz, se han tomado varias decisiones en el Elkargune de
Participación Vecinal de 11 de mayo del presente año con la petición al
ayuntamiento para que solicite a la Diputación la apertura del Geriátrico de
Arana, también se acordó en el Elkargune de Personas Mayores de 24 de noviembre
con 23 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención, la nueva petición
al ayuntamiento para que solicite a la Diputación dicha apertura y matizando
que se hiciera por tres fases de 8 millones cada una de ellas. Por otra parte se nos negó información sobre
el importante tema del SAD de Diputación que pasaría al ayuntamiento.
Hay un acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde la mayoría de los y las concejalas en el
Pleno de 22 de junio, acuerdan que se realice el Convenio Marco entre la
Diputación y el Ayuntamiento de Gasteiz a fecha de enero del 2019. Esto mismo
se debiera acordar en Juntas Generales de Araba. No se atendió a este acuerdo
del Pleno y se ha retrasado al 1 de enero del 2021.
ANEXO 2
Por otra
parte Bebestu Bizkaia y Babestu Gasteiz (donde están las Asociaciones Vecinales
comparecientes), presentamos una enmienda al borrador del Gobierno Vasco para
el Decreto sobre “Ratios” y condiciones constructivas, en nuestra comparecencia
en el Parlamento Vasco en junio del presente año, en los siguientes términos:
PETICIÓN
DE COMPARECENCIA EN EL TURNO POPULAR DE LA COMISIÓN
DEL
PARLAMENTO VASCO DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y JUVENTUD,
PARA
VALORAR SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE SE ESTÁ DANDO
EN
EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA Y EN EL CONTEXTO DEL PRÓXIMO
DECRETO
DE CENTROS RESIDENCIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
VASCA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Comparecemos
en la Comisión del Parlamento Vasco de Políticas
Sociales y
Juventud, para valorar ante ustedes la preocupante situación actual
de las
residencias de personas mayores del territorio histórico de Araba y de Bizkaia la
necesidad
urgente de un nuevo decreto que sustituya al actual que rige desde
1998.
Desde
entonces, en nuestro país se ha producido un empeoramiento paulatino
de la asistencia
social de nuestros mayores por distintos motivos: primero, un
envejecimiento de nuestra población que
ha generado un aumento del
número de personas de dependencia severa y gran dependencia,
de
hecho, las
residencias se están convirtiendo en auténticos hospitales
geriátricos que requieren una atención cada
vez mayor; segundo, una gran
crisis
económica que ha repercutido con mayor profundidad en las familias con
personas
mayores dependientes y pensionistas, etc.
Entendemos que
las distintas administraciones públicas llegan tarde y no están
a la altura de
las circunstancias. La cuestión se va agudizar más todavía por el
progresivo
envejecimiento y ya se están produciendo situaciones
de
“maltrato institucional”, como expondré más
adelante, inaceptables en una
sociedad que
se rige por la atención social para los más frágiles como un
derecho
universal y subjetivo, y cuyos gobiernos se vanaglorian de decir que
están en la
vanguardia europea en cuanto a calidad y servicio. Sirva como
paradigma que la actual normativa básica para las centros residenciales se
aprobó el siglo pasado, por tanto, está
caduca y es muy mejorable.
Asimismo,
desde entonces, se aprobaron la Ley de Servicios Sociales del 2008
y la Ley de
Dependencia del 2006. Por
último, queremos remarcar que en el
territorio histórico de Araba hemos sufrido en los
últimos años hechos que han
quebrado la confianza en el actual modelo asistencial.
Nosotros hemos constituido Babestu Araba como una
Agrupación de varias
Asociaciones Vecinales, Sociales y de familiares de
usuarios de las residencias de Araba que surgió
para detectar los incumplimientos de la atención de los
residentes, promover un
modelo que no deje el derecho universal y subjetivo al
albur de oligopolios y
promover la participación de la ciudadanía ante un
desafío de una envergadura
que no puede andarse con paños calientes.
Hoy valoramos
ante ustedes varias carencias detectadas por la actual
normativa y
nuestras propuestas para un nuevo decreto regulador que tiene
que servir
para dar una respuesta eficaz, sostenible y digna para nuestros
familiares de
los centros residenciales y que paso a exponer a continuación:
En primer lugar, pensamos que las
residencias deberían de ser centros de
alta
intensidad muy distintos a la que se están convirtiendo. Por una parte, las
residencias
obligatoriamente deberían de garantizar la prestación
sanitaria
permanente para las personas mayores
dependientes. Actualmente, el modelo
no garantiza
este tipo de cuidado, las 24 horas y 365 días del año, de los
residentes, en
su mayoría de grados 2 y 3 de dependencia.
Por otra
parte, hasta ahora la normativa no exige la obligatoriedad
de
unidades sociogeriátricas y sociosanitarias en los centros
residenciales
para personas mayores. Entendemos que
ambas son imprescindibles en la
actual
situación de perfiles de gran dependencia y diversidad que existe en los
centros
residenciales. Cada vez son más las personas mayores con procesos
demenciales o
con enfermedad mental o discapacidad intelectual con deterioro
cognitivo,
etc. No podemos andar con imposturas ni ambigüedades. Las
residencias
necesitan imperiosamente unidades de este tipo ante la mayoritaria
presencia de
casos de gran dependencia.
Asimismo,
entendemos que en el mismo edificio en que se emplaza el centro
puedan
ofrecerse otros servicios a otras personas mayores de edad que
puedan
equipararse al colectivo por circunstancias personales y/o sociales,
conforme a la
normativa que resulte de aplicación a dichos servicios, pero
entendemos que
tiene que ser en una estructura física distinta.
Ni que decir
tiene que la
formación de los cuidadores tiene que ser muy específica para los
casos que
acabo de mencionar y actualmente la administración no está
regulando
aquello que la situación pudiera exigir.
Les planteo
una primera pregunta a los asistentes: ¿creen que su familiar
dependiente
está realmente bien cuidado en una misma estructura física donde
conviven
enfermos mentales de mediana edad? Podría haberles realizado la
pregunta al
revés. Hoy se están produciendo casos de este tipo, donde los
cuidadores se
ven desbordados y se dan situaciones que ponen en peligro la
integridad de
nuestros mayores y el personal.
En segundo lugar, hay otra cuestión
prioritaria que nos preocupa enormemente:
los ratios generales de personal / residentes que
regulan el cuidado de
nuestros
mayores. Entendemos que son muy deficientes si queremos una
atención digna
y de calidad. Aunque se pudiesen definir mejor las ratios y las
funciones de
atención en la futura normativa, el modelo no resultará válido si no
toma en
consideración la variable del tiempo, de una atención
integral y de
calidad permanente –las 24h del día y los siete días de la
semana- que
merecen
nuestras personas mayores, que repito, en su gran mayoría son
dependientes
de grado 2 y 3 y transforman a nuestras residencias en
auténticos
hospitales geriátricos. Proponemos tablas según la dependencia que
recojan y
especifiquen los mínimos de ratios generales de personas /
residentes
para los siguientes casos: atención diurna,
atención nocturna y
atención de festivos.
Atendiendo a
una atención de calidad y que es propia de los países más
avanzados de
Europa, proponemos las siguientes ratios mínimas (personal /
residente)
para la atención diurna de personas de dependencia severa y gran
dependencia de
lunes a viernes:
0,400 (4 cuidadores por cada 10 personas usuarias)
para el apoyo a
las
actividades de la vida diaria;
0,006 (aproximadamente 1 cuidador para cada 166 personas
residentes) para el trabajo social;
0,04 (1 por cada 25) para la atención de enfermería;
0,011 (
aproximadamente 1 por cada 90)
para la ocupacional;
0,006 (aproximadamente 1 por cada 166) para la
psicológica,
pedagógica o
psicopedagógica;
0,009 (aproximadamente 1 por cada 111) para la
médica y
0,009 (1 por cada
111) para la fisioterapeútica.
Asimismo,
exigimos que se mantengan permanentemente, atención
nocturna
y festivos incluidos, las ratios mínimas del 0,400 en el apoyo de
las
actividades de la vida diaria y 0,04 en enfermería. Además
de lo anterior,
consideramos
necesaria la presencia de la gobernanta
nocturna también, en
grandes y
pequeñas residencias, por su capacidad resolutiva ante incidencias y
urgencias, tan
frecuentes en la atención a los mayores.
En el caso de
la atención nocturna y en festivos necesitamos un decreto que
regule la
actual situación, alarmante y muy deficiente. Antes he hablado de
situaciones de
“maltrato institucional” y éste es un ejemplo muy claro.
Actualmente en
los centros residenciales que hemos estudiado en Araba la
baja cobertura
nocturna está dando lugar a situaciones de vulnerabilidad y
riesgo.
Especialmente
en el turno nocturno, son escandalosos: por la
noche en la
gran mayoría de la residencias no hay servicio de enfermería y el
cuidado
se basa exclusivamente en una media de 1 gerocultora por cada 42
residentes , es decir, durante el horario nocturno al menos 10
horas, un
42% de la jornada total, (sin entrar a valorar festivos) con un
nivel muy
bajo de cobertura. Hoy el turno nocturno
no está proporcionando una atención
digna a
personas que, repito una vez más, son de una gran vulnerabilidad.
Asimismo, no
se puede dejar la responsabilidad de la atención sanitaria de
personas de un
alto grado de dependencia exclusivamente a gerocultoras o
auxiliares de
enfermería. Los testimonios de profesionales acreditan hechos
que si salen a
la luz pública pueden ser sonrojantes para quienes han de velar
por los
mayores. Recordemos que la atención social es un derecho subjetivo.
Les planteo
una segunda pregunta a los asistentes: ¿creen que su familiar
dependiente
está realmente bien cuidado en turno nocturno donde hay 1
gerocultora
por cada 42 residentes? ¿y es éste el futuro que nos aguarda y el
de las
siguientes generaciones?
En el mismo
sentido, creemos que la Diputación Foral de Araba debería de
poner
inmediatamente condiciones a la concertación, incluyendo unos mínimos
en atención
nocturna y festivos. Para ello sería conveniente valorar las
necesidades
expresadas por los profesionales. Queremos manifestar que
desde BABESTU
Gasteiz lo vamos a hacer. Asimismo, nuestra alternativa de al menos
1 gerocultor/a
por cada 25 residentes y 1 enfermera/o por cada 100 va a ser
una de
nuestras mayores reivindicaciones.
Para acabar
con el sistema de ratios que rige el modelo de atención de las
personas
usuarias, dos valoraciones muy superficiales dado lo ajustado que es
nuestro tiempo
de intervención. Por un lado, por las informaciones que nos han
llegado del
borrador del nuevo decreto, nos parece que no se puede equiparar
la atención en
las residencias de forma que sea el mismo cuidado de una
persona con
grado 0 (sin dependencia) que la de aquella con grado 1
(dependencia),
como tampoco la de grado 2 y 3. Sería una simplificación que
no obedece a
condiciones sanitarias ni de asistencia social. Por otro lado, el
sistema está
tan deshumanizado que las personas residentes tienen en
muchas
ocasiones unos horarios intempestivos, por ejemplo, levantando y
limpiando a
nuestros mayores a las 6 de la mañana. No, no es una praxis tan
extraña y es
habitual en algunas residencias.
En tercer lugar, necesitamos un
modelo de calidad muy mejorable. Hasta
ahora la
calidad exigida es de tipo estructural. Sin embargo, un sistema de
calidad y de
mejora continua debería de establecer una cartera de criterios no
solo de
estructura, sino de proceso y resultado, que se puedan medir
periódicamente
y que sirvan de base para la mejora continua de la calidad.
Cuando
hablamos de calidad y de un modelo de gestión de la calidad no
podemos obviar
dos conceptos básicos:
1.
El criterio de calidad,
que define aquello que se ha de ofertar al
usuario, con
las aclaraciones y excepciones que requiera su perfecta
definición. El
criterio deberá llevar aparejado un estándar, es decir el
nivel mínimo
aceptable.
2.
Medición periódica y plan de mejora;
es decir el modelo de mejora
continua de la
calidad.
No nos podemos
conformar en la futura normativa del sector con criterios de
estructura que
se dejan en el aire, aunque se mencionen requisitos funcionales.
Recordamos que
los criterios de calidad pueden
ser de tres tipos:
●
De estructura.
Ampliamente recogidos a lo largo de la normativa. Pero
recordemos que
la estructura no garantiza la calidad.
●
De proceso; es decir,
cómo se han de hacer las cosas.
●
De resultado;
aquellos que nos indican la consecuencia de lo que
hacemos.
Proponemos
varios criterios de resultado:
1.
Índice de desnutrición.
Aplicando el INDICE CONUT; de fácil
obtención con
sólo tres parámetros analíticos; albúmina, colesterol y
número de
linfocitos. Proponemos como estándar no más de un 20% de
desnutrición
moderada o severa en residentes no terminales (a
concretar)
2.
Prevalencia de úlceras de presión en fase
activa, decúbito en
residentes con
dependencia grado 2 y 3. Recordamos que las úlceras de
decúbito se
pueden prevenir en un 95% de los casos. Puede ser un
excelente
indicador de calidad de atención. Proponemos un estándar de
un 10% (ideal
por debajo del 5%)
3.
Porcentaje de residentes que reciben al
menos dos duchas
semanales. Debe ser mayor del 95%.
Actualmente se deja abierta las
condiciones de
higiene (“en función de sus necesidades”) lo cual es una
amenaza. Hay
que plantear unos mínimos exigibles. Por ejemplo, un
mínimo de 2
duchas por semana.
Asimismo,
proponemos a las distintas administraciones para trabajar en la
definición de
un plan de gestión de calidad y de indicadores de resultados;
insistimos,
una cartera de criterios de calidad de proceso y resultado que
garanticen una
atención de calidad para los usuarios de centros residenciales.
En cuatro lugar, El plan de atención
individualizada, el P.A.I, debería ser un
requerimiento
de obligado cumplimiento, al menos con un mínimo de
periodicidad,
y entregado a las familias o personas de referencia de los
usuarios.
Hasta ahora nunca se ha recogido esta opción. Proponemos la
entrega de un
informe anual con un análisis de indicadores y resultados, así
como una
especificación de las actividades especiales. Consideramos que el
P.A.I. puede
ser un elemento regulador de primer orden si se sensibiliza al
familiar al
respecto. Debe recoger también apartados de higiene como
periodicidad
mínima de duchas y limpieza de audífonos y dentaduras postizas.
Debiera
recoger si se precisan cambios de humedad nocturnos y su número.
Es esencial
desde la Diputación Foral de Araba potenciar ambos aspectos y
que muestre
una disposición activa para actuar en los incumplimientos del PAI
ante
infracciones graves.
En quinto lugar, nos preocupa que la
cualificación del personal exigida sea
insuficiente,
ya que puede generar discriminación y desatención institucional
ante el
derecho de nuestros mayores. Entendemos que determinadas
certificaciones
profesionales del personal pueden resultar insuficientes.
Asimismo, si
no se exige conocimiento de euskera alguno como cualificación
para las
personas profesionales que trabajan en contacto directo con los
residentes y
las familias se puede producir un maltrato institucional a las
personas
usuarias y familiares vascoparlantes, a su derecho lingüístico y una
atención digna
y de calidad..
En sexto lugar, nuestra asociación
quiere mostrar su máxima preocupación
por las
obligaciones respecto al personal. Si no exige un empleo estable y de
calidad se
puede generar una situación de desatención a nuestros mayores
que necesitan
personas cuidadoras referentes de una forma permanente. En
este último
término, exigimos que las bajas y permisos de los cuidadores se
cubran
inmediatamente, desde el primer día.
Asimismo, nos preocupa
que las personas trabajadoras tengan que firmar
cláusulas de
confidencialidad si con ello se trata de encubrir actos de mala
praxis y
muchos tipos de deficiencias. Debiera ceñirse exclusivamente a lo
relacionado
con la confidencialidad de los datos de los residentes. En este
sentido,
pedimos a la Diputación Foral de Araba una valoración de la opinión
de las
trabajadoras de las residencias concertadas. No olvidemos que la
Diputación
puede poner condiciones a la concertación.
En séptimo lugar, pensamos que los
protocolos de las residencias deberían
de ser
públicos y mejorables. La administración, en este caso foral, debería
regularlos y
asegurarse de que estén en disposición de los usuarios.
Por último, necesitamos un decreto que ponga
en valor un modelo de atención
para personas
mayores que tenga a la participación ciudadana como un
componente
básico, al mismo nivel que la atención integral y centrada en la
persona, la
garantía de derechos y el modelo de gestión de la calidad.
Necesitamos
que se haga una referencia mínima a los instrumentos de
cooperación,
que especifique los distintos foros de participación para la
ciudadanía y
los distintos agentes que participan en los centros residenciales:
familias,
trabajadores y/o sindicatos, organizaciones empresariales y privadas
sin ánimo de
lucro, equipos directivos, administración, etc. Las familias de los
usuarios, así
como otros agentes que toman parte en la vida de los centros
residenciales
(trabajadores, dirección, etc.) deberían de tener el derecho a
participar en
el modelo de atención en los centros residenciales, tanto en la
formulación de
planes y objetivos generales como el seguimiento y evaluación
final de los
resultados de ejecución.
Nosotros,
Babestu Gasteiz, estamos deseando cooperar y participar en cualquier foro
donde los
intereses de nuestros mayores estén en juego.
PROPUESTA DE ACUERDO
1) Solicitar a
la Diputación Foral de Araba, que pida la cesión de uso del Geriátrico de Arana
a la Tesorería de la Seguridad Social y la apertura del Geriátrico de Arana a
la mayor brevedad posible. (8
millones en total, gasto de 1 millón anual). 100 plazas .
2) Solicitar
así mismo a la Diputación, que ponga en práctica la Ley de Servicios Sociales
de diciembre del 2008, en lo referente
a la creación de un Consejo de Participación ciudadana en el ámbito de los
Servicios Sociales.
3) Incorporar a
los Presupuestos del 2019, las obligaciones que se derivan del cumplimiento de
la Ley de Servicios Sociales y del Decreto de Cartera consiguiente, que
entraron en vigor el 26 de diciembre del 2016.
4) Exigencia de
cumplimiento durante el año 2019 del Acuerdo aprobado por unanimidad de todos
los Grupos Junteros en febrero de 2016 sobre las plazas necesarias para atender
en Residencias las plazas para Vitoria-Gasteiz.
5) Adecuar los
Precios Públicos del SAD al Decreto de Cartera, para que las personas sin
recursos sean atendidos gratuitamente como por Ley les corresponde. Y eliminar
el COPAGO farmacéutico.
6) Cumplimiento
de la Ley de Servicios Sociales del 2008 sobre Coordinación SOCIOSANITARIA, Ley
que actualmente no se cumple, ni por la Diputación y tampoco desde
Osakidetza-G.V..
7) El acuerdo de Prioridades Estratégicas
2017-2020, no responde a la realidad reflejada en los pasados 20 años fallidos,
por eso es imprescindible crear UNA CARTERA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
diferenciada de las Carteras de Salud y Servicios Sociales actualmente
vigentes.
8)
Suscribir el acuerdo del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del Pleno de 23
de junio del 2018 sobre el cumplimiento del Convenio Marco entre la Diputación
y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre los Grados 2 y 3 de Dependencia para
enero del 2019.
Las personas que en representación de estos colectivos asistirán a la Comisión de Políticas Sociales, serán C.S. de la Asociación Errota Zaharra; G.P Lz de L.. de Zazpigarren Alaba; C.M. de la Asociación Erreka Txiki
Firmado
Secretario de la Asociación Vecinal Zazpigarren Alaba
G.P Lz de L..
ARANAKO GERIATRIKOA IREKITZEAREN ALDEKO GIZARTE-EKIMENA:
AUZO-ELKARTEAK: ZAZPIGARREN
ALABA, JUDIMENDIKOAK, ERREKA TXIKI, BETIKO GASTEIZ, ERROTA ZAHARRA, BOST URKI,
GASTEIZ TXIKI, URIBE NOGALES, ARANAKO, HEGOALDEKOAK, IPAR ARRIAGA, GURE AUZUNE,
KALEARTEAN, ZABALGANA BATUZ, ADURTZAKOAK, SAN MARTÍN. BESTE GIZARTE-TALDE
BATZUK: ELKARTZEN, BILGUNE FEMINISTA, IKASLE ABERTZALEAK, ASKAPENA,
EGINAREN EGINEZ, ARABAKO SOS ARRAZAKERRIA, ASAMBLEA DE PARADOS, IKASTOLA
ARANTZABELA, ARANBIZKARRA IKASTOLA, SAMANIEGO IKASTETXEA, LOPEZ DE GEREÑO
IKASTETXEA, ODON DE APRAIZ IKASTOLA, BARRUTIA IKASTOLA, TOKI EDER IKASTOLA,
UMANDI IKASTOLA.
LAGUNTZAILEAK: GIZARTE ONGIZATERAKO
FORU INSTITUTUKO LANGILEEN BATZORDEKO SINDIKATUAK: ELA, USAE, CCOO, LAB, SATSE
ETA ESK, UGT.
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