la PLATAFORMA
10·Junio·2021
PLATAFORMA ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE FAMILIARES Y USUARIAS DE RESIDENCIAS
Las organizaciones de familias reclaman el fin de las limitaciones en el acceso a las residencias de mayores
Visitas de 30 minutos a 3 horas semanales en varias CC.AA., marcan un régimen incongruente que equipara los geriátricos a las prisiones
laPLATAFORMA pide a las Fiscalías que investiguen posibles vulneraciones de derechos fundamentales en las restricciones.
comunicado 2
régimen de visitas y vulneración de derechos laPlataforma
LaPLATAFORMA solicita a los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas que definitivamente habiliten la entrada de los familiares en las residencias sin las limitaciones “salvajes, inhumanas e ile gales” que viene soportando este colectivo social y las usuarias de estos centros una vez sustanciada la vacunación masiva en los 5.500 geriátricos repartidos por el Estado español, y una vez concluidos también los estados de alarma. Asimismo, pide a la Fiscalía General del Estado y a las Fiscalías Superiores autonómicas que investiguen sise están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales en las restricciones marcadas por las administraciones y empresas geriátricas en el acceso de las familias a las residencias.
Las residencias de mayores y dependientes en España viven una situación incongruente, contraria a la lógica. Hoy, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, solo se permiten 3 horas de visitas semanales como media, con territorios incluso con una sola visita semanal, un régimen similar al que se desarrolla en las prisiones. Esta última comparación no solo es un símil: muchos usuarios y sus familias utilizan la expresión “encarcelados” para referirse a la situación alarmante de suspensión de las libertades que soportan los residentes. En julio de 2020, con buenos datos en cuanto al contagio en la población, pero sin vacunación y sin seguridad en el futuro más próximo, los ‘planes de reactivación’ de los centros residenciales que habían suscrito entonces las administraciones permitían una mayor apertura de las residencias, posibilitando abarcar visitas diarias dependiendo de la evolución epidemiológica, una situación que choca radicalmente con las actuales limitaciones. Un retroceso comparativo inexplicable.
Muchos usuarios y sus familias utilizan la expresión “encarcelados”para referirse a la situación alarmante de suspensión de las libertades que soportan los residentes
Alcanzar lo que diferentes administraciones llamaron alegremente “normalidad’ en la actividad en las residencias se ha convertido en una auténtica entelequia. Desde finales de mayo de 2020, durante la denominada ‘desescalada’, las administraciones aprobaron y dieron a conocer protocolos, normativas o instrucciones, denominadas en la mayor parte de los casos “planes de reactivación”, tendentes a recuperar la “normalidad” en los centros residenciales una vez cubiertas varias etapas de adaptación a una situación epidemiológica benigna tras la ‘masacre’ de marzo y abril, en el primer tramo de la pandemia. En algunos de esos textos se especificaba el significado de “normalidad”: “Recuperación del régimen de visitas establecido con anterioridad a la crisis sanitaria” y el “restablecimiento de las actividades” que se realizaban, también, antes de la aparición del coronavirus. Hoy, con los actuales regímenes de visitas, estamos muy lejos de la “normalidad” pre-pandémica.
Tras las reducciones agresivas en la apertura de las residencias durante las segunda y tercera olas de la pandemia, los centros, gracias a la ciencia, se han visto libres de la covid, en una inmensa mayoría, desde finales de enero, cuando se concluyó la vacunación a residentes y trabajadoras. A pesar de ello, en buena parte de las Comunidades Autónomas, y desde mediados de febrero, los protocolos e instrucciones reguladores de las visitas no han favorecido la apertura definitiva de las residencias. Así, en Andalucía solo se permite una visita semanal de una irrisoria media hora de duración. En la Comunitat Valenciana y Catalunya, con unas normativas muy ambiguas que dejan la frecuencia de la presencia de los familiares en manos de las operadoras, una o dos visitas, con una extensión de hasta 45 minutos.
En Euskadi, Galicia, Comunidad de Madrid y Canarias, básicamente 3 visitas semanales de una hora. En Aragón y Castilla y León sí se ha llegado a posibilitar visitas diarias, pero con muchísimas reticencias de las direcciones de los geriátricos, y siempre sin libertad de horarios. Además, un número nada desdeñable de empresas operadoras incumplen a la baja las instrucciones de las Comunidades Autónomas; en otros casos la propia administración se limita a hacer recomendaciones, dejando en manos de las empresas la decisión del número de visitas semanales y su duración, un contrasentido que redunda en más restricciones. Incluso, lamentablemente, se siguen produciendo demoledores confinamientos, conculcando las leyes y los derechos fundamentales de los residentes, con el beneplácito de los poderes públicos que nada o poco hacen para evitarlo.
Se siguen produciendo demoledores confinamientos, conculcando las leyes y los derechos fundamentales de los residentes, con el beneplácito de los poderes públicos que nada o poco hacen para evitarlo
El pasado 21 de febrero el propio Gobierno español ratificaba la impresión generalizada: los contagios en las residencias de mayores se habían desplomado en apenas un mes. Los positivos habían disminuido tras la vacunación un 95%, hoy ya prácticamente un 100%. Es incoherente que se hayan relajado las medidas para el resto de la población, aunque el porcentaje de vacunación no sea muy alto, y sin embargo se mantengan cortapisas severas para las visitas y salidas de los residentes, a pesar de que en los geriátricos la vacunación finalizó hace cuatro meses, con extraordinario éxito. Estas limitaciones en el régimen de visitas se enfrentan también al ordenamiento jurídico. El estado de alarma concluyó el día 9 de mayo, también para los residentes, que continúan siendo ciudadanos de pleno derecho, por lo que no cabe aplicarles medidas restrictivas a sus derechos fundamentales. A pesar de ello, las empresas gestoras siguen aplicando múltiples impedimentos a los encuentros de familiares y usuarias, con la inacción de las administraciones, convirtiendo las residencias en búnkeres de imposible acceso, con la única pretensión de ocultar las pésimas condiciones de vida de los residentes, resultado de los incumplimientos y reducción de costes para obtener el máximo beneficio, política que practican sin rubor las operadoras. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las restricciones generales en las Islas Baleares, avala que las actuales medidas limitadoras en las visitas a las residencias y salidas de los residentes, sin estado de alarma y sin riesgos epidemiológicos graves en la población, no se sostienen jurídicamente.
Las empresas gestoras siguen aplicando múltiples impedimentos a los encuentros de familiares y usuarias, con la inacción de las administraciones, convirtiendo las residencias en búnkeres
de imposible acceso, con la única pretensión de ocultar las pésimas condiciones de vida de los residentes, resultado de los incumplimientos y reducción de costes para obtener el máximo beneficio, política que practican sin rubor las operadoras
Es por ello que observamos una entente estratégica ‘de facto’ entre administraciones y empresas operadoras en cuanto a mantener las restricciones al acceso de los familiares y aplazar ‘sine die’ la “normalización” de la vida y actividades en los centros residenciales. Por un lado, las direcciones de las residencias pueden seguir ofreciendo unas prestaciones asistenciales deficientes, sin control, puesto que el papel vigilante que venían ejerciendo las familias se ha maniatado con el régimen de visitas establecido y las medidas de seguridad imperantes que prácticamente prohíben el acceso de las familias al interior de los edificios, zonas comunes y habitaciones incluidas, vitales para conocer de primera mano la calidad del servicio que están recibiendo las personas mayores. De la misma forma, se hace invisible para las familias determinar el contingente laboral con el que cuenta cotidianamente cualquier residencia, uno de los grandes caballos de batalla de las denuncias realizadas por familias (y trabajadoras) contra las empresas antes de la pandemia, y que todos los indicios apuntan a que se ha empeorado en el cumplimiento de las ratios de personal, ya obsoletas de por sí al mantenerse las normas que se aprobaron en el siglo pasado.
El papel vigilante que venían ejerciendo las familias se ha maniatado con el régimen de visitas establecido y las medidas de seguridad imperantes que prácticamente prohíben el acceso de las familias al interior de los edificios, zonas comunes y habitaciones incluidas, vitales para conocer de primera mano la calidad del servicio que están recibiendo las personas mayores
La Administración por su parte no ha entrado en las residencias con el rigor de la ley. En la pandemia se ha mostrado incapaz para promover medidas respetuosas con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ha permitido confinamientos intolerables en las habitaciones que han ido más allá de las normativas anti-covid. No se ha vigilado el trato dado a las personas residentes indefensas, un trato degradante en muchos casos, que ha generado incluso muertes o lesiones muy graves derivadas de des nutrición o deshidratación severas, con resultados de úlceras de tamaño extraordinario, o con una pérdida irreparable en la movilidad física o un deterioro cognitivo aún más profundo. Las Comunidades Autónomas, sin excepción, siguen sin ofrecer garantías transparentes de control de la calidad del servicio de las residencias al permitir un cuerpo de inspección totalmente disminuido, sin el número de inspectores y de controles necesarios.
No se ha vigilado el trato dado a las personas residentes indefensas, un trato degradante en muchos casos, que ha generado incluso muertes o lesiones muy graves derivadas de desnutrición o deshidratación severas, con resultados de úlceras de tamaño extraordinario, o con una pérdida irreparable en la movilidad física o un deterioro cognitivo aún más profundo
Por ello, laPLATAFORMA solicita la intervención garantista e investigadora de las Fiscalías, como así lo determina su función tuitiva en cuanto a la vigilancia del respeto a los derechos de las personas mayores, sobradamente pisoteados por empresas operadoras y administraciones. Más allá de la pandemia, las personas que viven en residencias no están siendo tratadas como ciudadanos de pleno derecho. Las medidas limitadoras de sus libertades que están adoptando administraciones y empresas operadoras suponen un duro golpe a la dignidad, autoestima e igualdad de derechos de estas personas sumamente vulnerables. Por ello, también, laPLATAFORMA, como voz legítima de miles de usuarias de residencias en el Estado español, pide a los Gobiernos la erradicación inmediata y definitiva de las limitaciones a las visitas en las residencias. El miedo o “por su seguridad” son razones inaceptables desde los puntos de vista científico y ético.
Dieciséis organizaciones de familiares y usuarias de residencias de mayores y dependientes de diez Comunidades Autónomas integran una gran plataforma social de ámbito estatal con el principal fin de reivindicar y defender, en todoslosforos precisos, los derechos de usuarias, familias y trabajadoras; derechos terriblemente pisoteados tanto antes como durante el pe ríodo de la pandemia del coronavirus. Los colectivos que suscriben esta alianza inédita la han formalizado con la denominación ‘Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias’ y operará con la marca ‘laPlataforma (de Residencias)’. En esta coalición social se han integrado colectivos de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Galicia, Illes Balears, y Madrid; algunos de ellos históricos, pues ya venían operando regular mente antes de la pandemia, y otros creados ex profeso delante de la lamentable y criminal gestión de la infección en las residencias de mayores y dependientes en todo el Estado.
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10·Junio·2021
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